En respuesta a las recientes declaraciones del Poder Ejecutivo Nacional con respecto a la posible modificación de los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, así como la propuesta de establecer un canal para que las familias denuncien situaciones de presunto adoctrinamiento, expresamos nuestro firme rechazo.
Estas iniciativas, que parecen formar parte de una estrategia más amplia dirigida a menoscabar la educación pública, incluyendo la desvalorización y el desfinanciamiento del sistema educativo, son interpretadas como intentos de intimidar y ejercer control ideológico sobre la labor docente.
Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la educación de calidad y el desarrollo integral de los estudiantes. Desde cada escuela y cada aula, seguiremos dedicados a formar individuos reflexivos, dotados de juicio crítico y capaces de comprender plenamente los desafíos éticos de nuestra sociedad.
Exigimos al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que brinde de manera inmediata las garantías necesarias para el ejercicio profesional de todos los docentes en nuestra jurisdicción.
