Los sindicatos que integramos INTERSINDICAL DOCENTES de la CABA adherimos a la declaración de ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN, FRENTE AL PROYECTO DE LEY OMNIBUS QUE AVASALLA DERECHOS JURÍDICOS Y LABORALES dispuesto por los sindicatos docentes nacionales de la CGT.
En ese mismo sentido, manifestamos nuestro rechazo al contenido del “Título VI Capítulo II Educación” del proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación, ya que avasalla principios democráticos, derechos laborales y jurídicos.
En una iniciativa antidemocrática sin precedentes, ninguna de las reformas pretensas fue consultada con los representantes de los trabajadores.
Dicho proyecto reforma el Artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, eliminando la Paritaria Nacional Docente, que es el ámbito en el cual se discute y establece el salario mínimo docente para todas las jurisdicciones del país, como así también toda cuestión de índole laboral. Aún más, pretende que este salario sea determinado anualmente por el Consejo Federal de Educación, eliminando toda posibilidad de negociación entre partes, vulnerando así el derecho a la negociación colectiva, y dejando la facultad de fijar salarios en manos de una sola de las partes, la patronal, en este caso el propio estado nacional. Ataca los derechos laborales, ya que pretende declarar la educación como servicio esencial, cercenando el derecho a huelga, abriendo el camino al desfinanciamiento, como ocurre en los países que así lo han hecho (Perú/Ecuador).
De la misma manera avasalla cuestiones relacionadas con la Carrera Docente, que se han ido construyendo durante años en base al diálogo y a la discusión colectiva en la Paritaria Nacional desde el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Nada dice en relación a las sumas que abona la Nación a la docencia -Fonid y Material Didáctico/Conectividad- que forman parte, en un porcentaje significativo, del salario de cada trabajador y trabajadora en cada una de las jurisdicciones.
Determina modificaciones sobre la duración de las carreras técnicas, sin ningún tipo de fundamento pedagógico y sin haber realizado consulta alguna ni estudios sobre su viabilidad, desjerarquizando al futuro profesional técnico al incorporarse al mundo del trabajo.
Abre las puertas al arancelamiento universitario, ignorando de plano uno de los mayores logros y conquistas que ostenta nuestra Nación: la gratuidad de la educación superior.
De la misma forma atenta contra el financiamiento de las Universidades Nacionales, afectando gravemente el funcionamiento de las casas de altos estudios, e introduce en este sector modificaciones sin fundamentar y que tampoco fueron consultadas.
Es por ello, que instamos a los Diputados y Diputadas a votar negativamente el mismo, y no ser cómplices de la destrucción del sistema educativo.
Atento a lo expuesto, los sindicatos firmantes declaramos el Estado de Alerta y Movilización, frente a este avasallamiento antidemocrático que representa un retroceso sin par en lo concerniente a derechos de los trabajadores y trabajadoras docentes, y que abre el camino al desfinanciamiento y la mercantilización educativa.
